En 2019 el gobierno de México presentó el Segundo Informe de Gobierno 2019-2020, en el cual reconoció la importancia de la participación de las mujeres en la vida nacional. Asimismo, en el documento se presentó formalmente la Política Exterior Feminista (PEF) con el propósito de orientar las acciones de política exterior para eliminar las desigualdades y diferencias estructurales. La adopción de la PEF se presentó como una de las grandes apuestas de la presente administración pero, en contraste con lo que se señala a nivel discursivo, ¿qué es lo que sucede en realidad? El objetivo del presente ensayo es inspeccionar las bases de la PEF y contrastar sus primeras acciones con el panorama de violencia en México, para identificar puntos claves que permitan una óptima implementación.
El gobierno de México adoptó en 2020 la PEF con el objetivo de encaminar las acciones de la política exterior a reducir las diferencias estructurales y la desigualdad de género. El interés de México por impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en foros internacionales no es reciente, porque guarda una trayectoria importante cuando se trata de estos temas. Por ejemplo, en 1975 fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y también formó parte de las conferencias posteriores, entre ellas la de Pekín, la cual fue clave para la incorporación del factor género en la agenda de seguridad internacional. Por lo tanto, la promoción de la cuestión de género y los derechos de las mujeres no es nueva, pero cobra relevancia porque se ha delineado una política pública, con principios y objetivos.
La presentación de la PEF coloca a México como pionero a nivel internacional, al ser uno de los primeros Estados en hacerlo y al ser el primer país de América Latina en adoptarla, pero ¿a qué se refiere con feminista? Aún existen dudas sobre la elección particular del término “feminista”. Al respecto, la investigadora Inés Arco Escriche menciona que hasta el momento ninguno de los países que han adoptado una PEF, entre ellos Canadá, Francia y España, ha dejado en claro a qué se refiere con la denominación de feminismo. Esto ha dado pie a múltiples interpretaciones, por ejemplo, México define que es un “conjunto de principios que buscan desde la política exterior, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera”.
[…] una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos.
De acuerdo con las académicas Karin Aggestan y Annika Bergman, la incorporación de la perspectiva feminista requiere de orientar la política exterior a un plan más ambicioso que desafíe las jerarquías de poder y género de las instituciones. En otras palabras, una política exterior que pretenda denominarse feminista necesita desafiar las jerarquías de poder y género, así como los estereotipos. Incluso, es fundamental ampliar el entendimiento de la seguridad, más allá de la visión tradicional, para agregar nuevos enfoques que sean complementarios como la seguridad humana, el cual pone como prioridad la procuración de seguridad de las personas. Además, el término feminismo corresponde a una serie de enfoques, entre ellos el feminismo liberal, el radical y la perspectiva de género; por lo tanto, hacer uso de término requiere de entender la multiplicidad de enfoques y resulta importante revisar la trayectoria feminista para comprender que cada uno de ellos tiene sus propios objetivos.
Con respecto a lo anterior, la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia mencionó que la PEF hace transversal la perspectiva de género en todas las áreas de política exterior, además de que visibiliza el aporte de las mujeres en las acciones globales y mantiene un enfoque de congruencia al exterior y al interior. De primera instancia, la PEF ha sido desarrollada e implementada con un enfoque de arriba hacia abajo en el cual, hasta el momento, no han existido espacios para la participación de la sociedad civil. Lo anterior quiere decir que una PEF, más allá de grandes declaraciones, requiere de “iniciar un proceso de mediano plazo, que permita un cambio de paradigma hacia nuevas formas de concebir y hacer la política exterior”, así como la transformación de las estructuras que permitan la participación de las mujeres.
La SRE presentó los cinco ejes que sostienen la PEF orientados a la política exterior con perspectiva de género y al funcionamiento de la misma secretaría: SRE paritaria, SRE libre de violencia y segura y SRE feminista e intersección. Lo anterior busca dar coherencia a lo establecido con la PEF dentro de la propia secretaría. En el caso del Servicio Exterior Mexicano, por poner un ejemplo, a finales de 2020 de las 1,117 personas trabajadoras, tan solo el 31% eran mujeres que se encontraban principalmente en el área técnico-administrativa. Mientras que el puesto de cancillería ha sido ocupado por mujeres únicamente en cuatro ocasiones: Rosario Green de 1998 a 2000, Patricia Espinosa de 2003 a 2006, Claudia Ruiz Massieu de 2012 a 2015, y Alicia Bárcena desde julio del presente año. Lo anterior corresponde también con la necesidad de que los programas institucionales atiendan las diferencias, porque hay múltiples informes que dan cuenta de las brechas que existen entre hombres y mujeres para desarrollar las vidas profesionales.
A propósito de los compromisos internacionales, México se comprometió con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad desde la aprobación de la Resolución 1325 en el año 2000 y las resoluciones subsecuentes. El 11 de enero de 2021 el Gobierno de México presentó su primer Plan Nacional de Acción para el Seguimiento de la Resolución 1325 (2000) de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325), instrumento que se alinea con la PEF. Entre los propósitos del PNA-1325 se encuentra la promoción de la participación sustantiva y activa de las mujeres en la prevención de conflicto a todos los niveles: mantenimiento, reconstrucción y consolidación de la paz; la asistencia humanitaria; el desarme, reintegración y control de armamento; la atención de violencia sexual y de género, y, fortalecimiento del estado de derecho. Sin embargo, se observa que pasaron 20 años para que se presentara el primer Plan Nacional en esa materia, que, además, coincide con un contexto caracterizado por el incremento de las violencias contra las mujeres: feminicidios, desapariciones, explotación sexual y violencia intrafamiliar.
Al respecto, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el año 2021 hubo el mayor número de presuntos feminicidios con 981 en total y tan solo 108 en el mes de agosto, mientras en lo que va de 2023 van 500 casos. En cuanto al número de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, en 2022 concentra la cifra más alta con 2,805 casos: en el mismo sentido, en julio de 2023 lleva identificados hay 1,516 casos. Por último, la información de los presuntos delitos de violencia familiar también arroja que en 2022 se contabilizó el mayor número de delitos con 270,54; en 2023 hay acumulados 170,488 presuntos delitos.
La violencia contra las mujeres es la principal problemática para enfrentar. De acuerdo con el PNA-1325, se pretende erradicar a través de la participación y capacitación de las mujeres, para enfrentar las raíces del problema. Sin embargo, el primer informe de la implementación del PNA-1325 refleja que las estrategias aplicadas con el plan han estado orientadas a metas distintas. Es decir, las acciones fueron encaminadas a la sensibilización de los funcionarios públicos. Por lo tanto, la puesta en marcha de la PEF está ampliamente relacionada con el del PNA-1325, debido a que ambas guardan un enfoque de arriba hacia abajo. En otras palabras, resulta relevante que la forma de implementar la transversalidad de la perspectiva de género haya comenzado por las estructuras gubernamentales y que no haya involucrado a la población, esto debido a la urgente necesidad de atender las violencias y desigualdades que, principalmente enfrentan las mujeres.
Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno.
En suma, existe evidencia de que México ha incorporado la perspectiva de género a nivel institucional por medio de la puesta en marca de acciones afirmativas como las cuotas de género en la participación política y los protocolos contra la violencia política de género. El compromiso de México por estar a la vanguardia en materia de derechos humanos y cuestiones de género es innegable. Sin embargo, la situación interna requiere que la PEF no sea solo un esfuerzo aislado, producto de la agenda progresista del gobierno en turno. El planteamiento de los objetivos de esta propuesta es tan solo el primer paso, lo que corresponde es que el gobierno mexicano continúe enriqueciendo sus bases y que lleve adelante la transformación de las estructuras que sostienen la desigualdad y mantiene las brechas de género. De igual manera, la PEF y el PNA-1325 deben plantear mecanismos que permitan evaluar los avances para identificar las oportunidades para transformarse. Finalmente, es necesaria que su vinculación con los diferentes sectores gubernamentales, porque los compromisos al exterior deben ser congruentes con las políticas públicas desarrolladas al interior.