La política exterior de México en materia de género en América Latina y el Caribe en la última década ha sido dinámica y cambiante, marcada principalmente por dos etapas: por un lado, la consolidación de una agenda internacional de igualdad de género, y por otro, la institucionalización de la Política Exterior Feminista. Esta última representa un cambio de paradigma en la diplomacia mexicana contemporánea, con gran énfasis en la incorporación de la igualdad de género desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible.

En este sentido, la Política Exterior Feminista de México fue anunciada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en enero de 2020, como un compromiso institucional innovador para la igualdad de género en la cancillería y en la manera de conducir la política exterior del país particularmente en foros multilaterales. Esto convirtió a México en el primer país de América Latina y el Caribe y el quinto en el mundo en adoptar formalmente una política exterior con un enfoque feminista.

Esta política gubernamental parte del reconocimiento de que las relaciones internacionales han sido históricamente construidas desde estructuras de poder que reproducen desigualdades de género. Un ejemplo de ello es la baja cifra de representación de mujeres en el sector público en América Latina y el Caribe. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2022, las mujeres latinaomericanas representaron, en promedio, el 52% de la fuerza laboral en el sector público, pero ocuparon sólo el 41% de los cargos directivos y se concentraron en los ministerios de educación y salud. Por otro lado, México se ubica como el tercer país de América Latina y el Caribe con la menor presencia de mujeres en el sector público en puestos de mayor nivel jerárquico, por delante de Guatemala y Brasil, según datos del mismo organismo. Particularmente en el Servicio Exterior Mexicano, la plantilla en 2024 se compuso de 63% hombres y 37% mujeres, según datos de la SRE.

Por ello, es necesario incorporar la igualdad sustantiva, los derechos humanos y la inclusión como principios rectores de la acción internacional del Estado mexicano, a través de la Política Exterior Feminista (PEF). En este sentido, la PEF se fundamenta en cinco principios: una política exterior con perspectiva de género y agenda feminista; la paridad dentro del Servicio Exterior Mexicano; la eliminación de las desigualdades estructurales; la construcción de una institución libre de violencia de género; y la aplicación de un enfoque interseccional en la toma de decisiones, según el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En este contexto, América Latina y el Caribe representan un espacio prioritario para su implementación debido a los vínculos históricos, políticos y culturales de México con la región, así como a la existencia de desafíos comunes relacionados con la desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y la baja representación femenina en los espacios de decisión.

Por lo que, en este escrito se analiza la manera en que México ha implementado su Política Exterior Feminista en la región para evaluar si este nuevo paradigma diplomático ha trascendido el ámbito discursivo para convertirse en un instrumento efectivo de cooperación internacional y transformación institucional en la región latinoamericana.

Desde su creación, la Política Exterior Feminista ha orientado la actuación internacional de México hacia la promoción de la igualdad de género mediante la diplomacia multilateral, la cooperación internacional para el desarrollo y la construcción de alianzas estratégicas con otros países latinoamericanos. De acuerdo con la SRE, el objetivo consiste en incorporar la perspectiva de género como un eje transversal de todas las acciones diplomáticas y convertir a México en un referente regional en materia de igualdad sustantiva.

Uno de los principales mecanismos de implementación ha sido la participación activa en organismos multilaterales regionales. México ha impulsado, por ejemplo, la incorporación de la perspectiva de género en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA), particularmente mediante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), así como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En estos espacios ha promovido resoluciones relacionadas con la igualdad laboral, la participación política de las mujeres, la erradicación de la violencia de género, el acceso a la justicia y la implementación de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Por todo ello, según afirma la CEPAL (2022), México ha contribuido al fortalecimiento de la Agenda Regional de Género mediante la promoción de políticas públicas orientadas a reducir las brechas estructurales que afectan a las mujeres latinoamericanas.

Otro componente fundamental corresponde a la cooperación internacional para el desarrollo. A través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), México ha incorporado el enfoque de género como criterio transversal en proyectos desarrollados con países de Centroamérica y el Caribe. Estas iniciativas comprenden programas de fortalecimiento institucional, capacitación de funcionarios y funcionarias públicas, empoderamiento económico de las mujeres, desarrollo rural, emprendimiento femenino y prevención de la violencia basada en género, según datos de la AMEXCID (2023).

De esta manera, la cooperación Sur-Sur promovida por México ha ampliado su alcance más allá de la asistencia técnica tradicional para incorporar objetivos relacionados con la igualdad sustantiva y los derechos humanos.

Además, la Política Exterior Feminista ha buscado fortalecer la representación de las mujeres dentro de la diplomacia mexicana. Según datos de la SRE (2023), la institución ha impulsado medidas orientadas a incrementar la participación femenina en embajadas, consulados y cargos directivos, además de procurar una integración paritaria en las delegaciones mexicanas que participan en negociaciones internacionales. Estas acciones responden al principio de coherencia institucional, según el cual una política exterior feminista debe reflejar internamente los valores de igualdad que promueve en el ámbito internacional.

En este sentido, Thompson y Clement (2019) sostienen que una política exterior únicamente puede calificarse como feminista cuando transforma simultáneamente las prácticas internas del Estado y sus relaciones internacionales.

Finalmente, México ha promovido alianzas estratégicas con países latinoamericanos que también han incorporado enfoques de género en su política exterior, particularmente Chile y Colombia. Estas alianzas han favorecido el intercambio de experiencias sobre institucionalización de políticas exteriores feministas, cooperación internacional con perspectiva de género y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.

Para Zilla y Peschke (2024), la convergencia entre estos países ha comenzado a configurar una comunidad regional que busca posicionar la igualdad de género como un componente permanente de la política internacional latinoamericana.

Por lo que, a seis años de su adopción, la Política Exterior Feminista ha generado resultados relevantes tanto en el plano internacional como en el institucional. En el ámbito diplomático, México ha consolidado una imagen internacional como promotor de la igualdad de género y ha logrado posicionar este tema dentro de la agenda latinoamericana mediante su liderazgo en la CEPAL, la OEA y otros mecanismos multilaterales. Asimismo, la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional ha permitido ampliar el alcance social de la política exterior mexicana y fortalecer las capacidades institucionales de diversos países de la región, según afirma la AMEXCID (2023).

Otro resultado importante, mencionado por la SRE (2023), ha sido la creciente visibilidad del liderazgo femenino dentro del Servicio Exterior Mexicano y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para prevenir la violencia y la discriminación al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estos avances han contribuido a incrementar la coherencia entre el discurso internacional de México y las transformaciones emprendidas dentro de su propia estructura diplomática.

Sin embargo, diversos estudios coinciden en que los resultados aún son parciales. Diversas autoras como Zilla & Peschke (2024) señalan que la implementación de la Política Exterior Feminista enfrenta obstáculos relacionados con la insuficiencia presupuestaria, la ausencia de indicadores para evaluar impactos, la limitada coordinación interinstitucional y la persistencia de barreras estructurales de género dentro de la administración pública mexicana. Por lo que, advierten que el principal reto consiste en convertir la política exterior feminista en una política pública institucionalizada y evaluable, capaz de trascender los cambios de administración gubernamental.

Por ello, los escenarios futuros de la Política Exterior Feminista dependerán de su capacidad para consolidarse como una política de Estado. Además, se necesita fortalecer la cooperación regional mediante proyectos con enfoque de género, ampliar el liderazgo de México dentro de la Agenda Regional de Género impulsada por la CEPAL, consolidar mecanismos permanentes de evaluación y asignar recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Por otro lado, la creciente adopción de políticas exteriores feministas por otros países latinoamericanos podría favorecer la construcción de una agenda regional coordinada en materia de igualdad sustantiva, derechos humanos y desarrollo sostenible, según afirman Zilla & Peschke (2024).

Por el contrario, un escenario menos favorable implicaría que la Política Exterior Feminista permanezca principalmente como un instrumento discursivo, limitado por restricciones presupuestales, cambios en las prioridades gubernamentales y debilidades institucionales. En este contexto, la falta de mecanismos de seguimiento podría dificultar la medición de sus impactos reales sobre la cooperación internacional y reducir su capacidad para transformar las desigualdades estructurales existentes.

Como señalan Thompson & Clement (2019), el éxito de una política exterior feminista depende de que los principios normativos se traduzcan en acciones concretas, recursos suficientes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, se puede argumentar que la Política Exterior Feminista representa uno de los cambios paradigmáticos más importantes de la política exterior mexicana en las últimas décadas, y que su implementación en América Latina y el Caribe ha permitido incorporar la igualdad de género como un eje transversal de la cooperación internacional, fortalecer el liderazgo diplomático de México y posicionar al país como un referente regional en materia de diplomacia feminista. No obstante, los avances alcanzados muestran que persisten importantes desafíos relacionados con la institucionalización, la coordinación interinstitucional, la disponibilidad de recursos y la evaluación de resultados.

Finalmente concluir que el futuro de la Política Exterior Feminista dependerá de la capacidad del Estado mexicano para consolidarla como una política pública permanente, respaldada por mecanismos de evaluación y financiamiento que garanticen su continuidad. Pues, la Política Exterior Feminista representa una oportunidad extraordinaria para redefinir el papel de México como un actor regional comprometido con una gobernanza más inclusiva, democrática y orientada a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.