El principio de no intervención ha sido una piedra angular de la política exterior mexicana desde su configuración como Estado soberano. En su origen, fue una respuesta al constante intervencionismo extranjero que marcó el siglo XIX y a la necesidad de afirmar la soberanía nacional frente a potencias con intereses geopolíticos en América Latina. Sin embargo, en un entorno internacional caracterizado por la rivalidad entre grandes potencias, la interdependencia económica y nuevas formas de injerencia —digital, económica e incluso informativa—, su vigencia y aplicación práctica se ven desafiadas.

El reto actual radica en determinar si México debe mantener su tradicional posicionamiento de no intervención o reinterpretarla a la luz de un orden mundial multipolar cambiante que demanda participación activa, responsabilidad compartida y defensa coherente de los derechos humanos. La clave parece residir no en abandonar el principio, sino en adaptarlo a las nuevas realidades internacionales, de modo que la neutralidad no se confunda con indiferencia ni la defensa de la soberanía con aislamiento.

Origen y evolución del principio de no intervención

El principio de no intervención nace del proceso de consolidación del Estado mexicano, profundamente marcado por invasiones extranjeras, intervenciones armadas y presiones políticas externas. Desde la Doctrina Estrada (1930), México ha defendido la soberanía de las naciones y la autodeterminación de los pueblos como ejes éticos de su acción diplomática. Este principio, reafirmado en la Carta de las Naciones Unidas (artículo 2.7) y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue concebido como un mecanismo de defensa ante la asimetría de poder en las relaciones internacionales y se encuentra constantemente en el centro de la discusión sobre política exterior mexicana.

La reforma constitucional de 2011, que incorporó los derechos humanos al texto constitucional, amplió el marco ético y jurídico de la acción exterior mexicana. A partir de entonces, México debe equilibrar la defensa de la soberanía con su compromiso internacional en la promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos. Esta tensión ha sido evidente en casos como la crisis en Venezuela, donde México ha privilegiado la mediación y el diálogo por encima de la imposición de sanciones, o en la guerra en Ucrania, donde ha condenado la invasión rusa pero evitado sumarse a medidas coercitivas unilaterales, reafirmando así su apego al derecho internacional.

Multipolaridad, nuevas formas de intervención y el sistema multilateral

El sistema internacional contemporáneo atraviesa un proceso de transformación hacia la multipolaridad, donde el poder se distribuye entre distintos polos —Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, India— y los mecanismos tradicionales de cooperación enfrentan crisis de legitimidad. En este contexto, México debe navegar entre la defensa de principios y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de poder.

Las formas de intervención ya no son solo militares: incluyen injerencias digitales (ciberataques, desinformación), intervenciones económicas (sanciones, bloqueos financieros) y formas jurídicas o tecnológicas que condicionan la soberanía estatal. México, que históricamente rechazó la intervención armada, hoy debe enfrentar dilemas más sutiles como: ¿hasta qué punto la presión económica o digital constituye una forma moderna de intervención?

La participación de México en foros internacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente en sus más recientes periodos como miembro no permanente (2009–2010 y 2021–2022), ha puesto a prueba su coherencia diplomática. Durante estos mandatos, México impulsó resoluciones sobre asistencia humanitaria en conflictos armados, protección de civiles y cooperación internacional ante pandemias, reafirmando su apuesta por el multilateralismo.

A través de estas acciones, México se proyecta como un “Estado puente”, con credibilidad ante diversos bloques de poder y capacidad para facilitar el diálogo en escenarios de alta polarización. En temas como el cambio climático, el desarme nuclear o el desarrollo sostenible, su voz ha sido la de un país que promueve soluciones colectivas y respeta la soberanía de los demás. En un sistema donde las grandes potencias recurren a sanciones o bloqueos, México ofrece una alternativa basada en la diplomacia preventiva y el derecho internacional, evitando tanto la subordinación como el aislamiento.

Neutralidad, soberanía y participación responsable

Los principios responden a las circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales de los Estados, por lo que la no intervención no puede traducirse en indiferencia ante violaciones graves al derecho internacional o los derechos humanos. El principio de no intervención está íntimamente vinculado con los de soberanía nacional e igualdad jurídica de los Estados, pero su interpretación debe actualizarse conforme al derecho internacional contemporáneo y a los desafíos de la geopolítica actual.

Las relaciones con Estados Unidos constituyen el mayor campo de prueba. La cooperación en migración, seguridad y combate al tráfico de armas y drogas genera tensiones entre la colaboración legítima y la posible injerencia. México debe evitar que la cooperación derive en dependencia o en la erosión de su capacidad de decisión. La “intervención militar” estadounidense —ya sea directa o bajo mecanismos de seguridad compartida— ha sido históricamente rechazada; sin embargo, México ha mostrado flexibilidad en la cooperación digital y humanitaria, donde participa activamente en mecanismos multilaterales de asistencia o ciberseguridad.

No intervenir no equivale a “dejar pasar”. La neutralidad interpretada como pasividad puede implicar pérdida de influencia o credibilidad internacional. Por ello, México necesita reinterpretar la no intervención como “no imposición” pero sí “participación responsable”, una posición que permita defender valores democráticos y de paz promoviendo soluciones multilaterales sin transgredir la soberanía de otros Estados, reafirmando que el respeto a la soberanía no está reñido con la solidaridad internacional.

En este sentido, la soberanía de decisión debe entenderse como la capacidad del Estado mexicano para actuar conforme a su propio interés nacional y su visión de justicia internacional, sin imposiciones externas. Una diplomacia activa, mediadora y cooperante, permitiría a México consolidarse como un actor confiable, ético y pragmático.

De la defensa a la acción

El principio de no intervención, más que una tradición, puede convertirse en una herramienta estratégica del presente. Su reinterpretación no implica renunciar a la tradición diplomática mexicana, sino proyectarla hacia el futuro mediante una diplomacia activa, ética y flexible.

En un orden mundial fragmentado y multipolar, México tiene la oportunidad de reafirmar su liderazgo moral y su autonomía de decisión. La no intervención debe ser entendida como una expresión de soberanía, no como un límite autoimpuesto. México puede participar con voz propia en la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos y la cooperación internacional, sin incurrir en imposiciones ni dependencias.

El desafío no radica en abandonar los principios, sino en revitalizarlos y adaptarlos a las nuevas realidades del poder global: las guerras híbridas, las sanciones económicas, las intervenciones digitales y los retos humanitarios. Si México logra convertir su neutralidad en acción constructiva, la no intervención dejará de ser una política defensiva para transformarse en un instrumento proactivo de liderazgo y soberanía. En este sentido, el principio puede seguir siendo el centro de su política exterior, siempre que evolucione al ritmo del mundo que busca comprender y transformar.